Notas de opinión sobre actualidad política y social, sobre la Argentina, América latina y la realidad mundial

Monday, August 09, 2004

 
NO SE DEBE RESPONDER A LA
INSEGURIDAD PARA LAS CAMARAS

Por ALFREDO JORGE CARAZO


Parece estar afirmándose la idea de que la inseguridad exige algo más que el endurecimiento de las penas, reducir la edad de imputabilidad o construir más cárceles. También excede la mera cuestión policial, porque emerge como fenómeno la trazabilidad del delito que impacta a la sociedad con disímiles expresiones. No obstante. en la Argentina de hoy, en donde incluso los sectores políticos aparecen como desorientados ante la realidad social, algunos actores se enloquecen de golpe y a la urgencia que exige respuestas, le oponen la búsqueda de caminos fáciles y superficiales.

Aunque no necesariamente haya que compartir las formulaciones de Juan Carlos Blumberg, entre la cuales llegó a promocionar pistolas paralizantes que se trajo de su gira por Estados Unidos, lo cierto es que no puede dejar de reconocerse que su propio dolor termina legitimando algunos errores. Pero llama la atención la posición de funcionarios de la jerarquía del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, quien se mostró asociado al vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, para decirnos cómo combatir a los secuestradores nativos. En Colombia, su país, Oscar Lizcano, un político que permanece secuestrado desde hace cuatro años... cuatro años, nada menos, debería ser el espejo que devuelve una imagen distorsionada de los dichos de Santos Calderón. Ni qué decir de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también está plagiada desde hace dos años. Los únicos regresos de hombres, mujeres y niños secuestrados, se debieron a negociaciones particulares y los llamados a canjes humanitarios no dieron resultados positivos.

Debiera entenderse definitivamente que la Argentina no es Colombia, pero no por su realidad socio-económica que a lo mejor podría parangonarse en algunos de sus parámetros. El país andino y caribeño a la vez, está surcado por la guerrilla de izquierda y por los derechistas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hasta ahora no han podido ser desmilitarizadas. A ello se suma el narcotráfico de poderosos carteles, los esmeralderos y la delincuencia común. Millones y millones de dólares colocados en el Plan Colombia y ahora en el Plan Patriótico no han hecho ceder a esta violencia de características tan particulares.

Desde hace dos años en que asumió el presidente Alvaro Uribe, una de las estrategias convenida con Estados Unidos –el país que más aporta sobre todo para evitar que haya sabotajes a los oleoductos de traslado del petróleo- es la exportación de la confrontación que anida en Colombia, primero a los países limítrofes como Ecuador y Venezuela y luego al resto de los países de América del Sur.

Quizás por eso el vicepresidente colombiano se anima a decir que la Argentina está hoy como Colombia en el inicio de su tragedia. Pero el propio Uribe hace pocas horas tuvo que salir a defenderse y apelar al Departamento de Estado, para desmentir que cuando era senador en la década de los ’90 tuvo vinculaciones con el cartel de Medellín y terminó siendo íntimo amigo del abatido líder del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Hay zonas en Colombia y es el caso de Sierra Nevada y otras en la frontera colombo-venezolana que están en manos de la guerrilla indiferentemente de su legitimación ideológica. Y hay miles de desplazados colombianos, que se suman a los asesinatos de integrantes de etnias aborígenes, de trabajadores y de dirigentes políticos y sindicales.

Las propias negociaciones que actualmente mantiene el Gobierno con la derecha paramilitar están siendo desconfiadas por las Naciones Unidas y por otras organizaciones internacionales, en tanto el recientemente sancionado Estatuto Antiterrorista que otorga amplias facultades judiciales a las Fuerzas Armadas y policiales, está sospechado de irregularidades parlamentarias. Si todo fuera tan fácil y tan lineal como suponen algunos, México no estaría plagada de secuestros al igual que Colombia, aunque en condiciones distintas. Ni Guatemala seguiría en ese camino, teniendo en cuenta que al igual que en Cuba rige la pena de muerte. En el país centroamericano los secuestros tambien están a la orden del día, además de otros crímenes de no menos trascendencia como es el asesinato de mujeres y niños.

En cada uno de estos países, tal como ocurre en otras regiones, subyace un fuerte componente de inequidad social, inestabilidad institucional y sobre todo de ausencia de respuestas serias y responsables que pongan freno a la inseguridad, ubicada en un contexto mayor. Obviamente, tampoco sirven las expresiones extremas como las del ex comisario Luis Patti, quien asomado a la derecha del “gatillo fácil”, termina vaticinando que “ya nos robaron la libertad, ahora nos van a robar la democracia”. Una expresión de deseo que debiera ser rechazada terminantemente. En este marco, la ligereza en la terapéutica puede servir para las cámaras televisivas, pero a la vez puede ser el peor remedio.

Buenos Aires – 08 de agosto de 2004.